Mientras la idea de democracia participativa se impone como “paradigma de la acción pública”, asistimos a la exacerbación de los rasgos más autoritarios del gobierno representativo que se constata principalmente en la tendencia contemporánea a la criminalización de la acción colectiva y a la banalización del estado de excepción. En vez de invocar una contradicción entre un discurso “participativo” y prácticas autoritarias, este artículo intenta mostrar como la criminalización contemporánea de la protesta social encuentra sus condiciones de posibilidad dentro del mismo “discurso participacionista” y de las prácticas e instituciones sociales y políticas que se remiten a este. Al analizar cuatro formas de legitimación de la represión masiva y sistemática de acciones colectivas en las Américas (Quebec, Chile, Ecuador, Venezuela), el texto muestra como el ejercicio de derechos fundamentales (como los de asociación, de expresión y de manifestación) se ve (des)considerado como una amenaza para la “democracia” en función de “consensos” supuestamente alcanzados dentro de foros “deliberativos” (consultativos) organizados por el poder y dentro de los cuales este conserva sus prerrogativas de la “calificación” de los participantes y, sobre todo, de la “decisión”. Esto conduce a una lucha por el sentido entre dos concepciones y prácticas de la democracia y de la participación: la primera “consensual” y encausada y la otra “salvaje” o insurgente. Para dar cuenta de esta concepción salvaje (no domesticada) de la democracia y de la participación, el texto se basa sobre “relatos de vida” de participantes anónimos de acciones contestatarias transgresivas ocurridas en las Américas durante et último cuarto de siglo. Este análisis de dos concepciones y prácticas de la participación ciudadana tiende a mostrar que, lejos de representar un peligro para la democracia, la participación insurgente representa su principio dinámico.