Aracelly Denise Granja es una investigadora de doctorado en la Universidad de Ottawa, bajo la dirección de la profesora Marie-Christine Doran. Su investigación de tesis se centra en la criminalización de los defensores de derechos humanos y la sociedad civil en Honduras y Nicaragua. Está particularmente interesada en intentar establecer una relación causal entre la criminalización y desdemocratización. Su trabajo de investigación en el Centro de Gobernanza se centra en las inversiones de infraestructura pública en Canadá, así como en el impacto de la pandemia, COVID-19 en la gobernanza universitaria y las transformaciones de las políticas públicas. Tiene una sólida formación en las relaciones internacionales y los estudios políticos. Completó su licenciatura en la Universidad de York, Glendon Campus, donde obtuvo una Licenciatura en Artes Internacional Trilingüe (I.B.A) en Ciencias Políticas. Profundizó su comprensión de la importancia del globalismo en congruencia con la política al completar un semestre en el extranjero en la Universitat Autonoma de Barcelona. Además, durante su carrera universitaria completó con éxito dos certificaciones: la primera en Excelencia Bilingüe en Inglés y Francés y la segunda en Derecho y Pensamiento Social. Siempre ha realizado esfuerzos filantrópicos que ayudan en la protección de los derechos humanos. Como tal, completó una pasantía en la Clínica Legal del Centro para Personas de Habla Hispana en Toronto. Allí ayudó en casos relacionados con solicitudes de inmigración y refugio, así como en disputas entre propietarios e inquilinos. Completó su Maestría (M.A.) en Administración Pública y Relaciones Internacionales en la Universidad de Ottawa, donde su tesis, titulada “Reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en una Era Posterior a la Guerra Fría: Eliminando el Poder de Veto”, postuló que si el objetivo de la reestructuración del Consejo de Seguridad es mejora tanto su eficacia como su legitimidad, entonces la opción más viable para la reforma es la eliminación del poder de veto que tienen sus cinco miembros permanentes (P-5). Actualmente continúa centrando su investigación en la protección de los derechos humanos en América Latina.