La criminalización de los movimientos y protestas sociales sigue siendo un problema intrínseco a la democracia pero es poco analizado como tal. Una comparación del grado de violencia en dos países latinoamericanos, Chile y México, sugiere que, lejos de ser el producto del sistema legal u otros factores institucionales, la criminalización es una forma específica de reducir derechos civiles y políticos bien establecidos y convertirlos en sinónimo de comportamiento criminal que debe ser sancionado legalmente. Dicho proceso tolera el comportamiento abusivo por parte de agentes del estado hacia defensores de los derechos humanos, quienes aparecen como enemigos. Esto es crucial para entender la actual violencia en América Latina. La criminalización de la acción colectiva es una respuesta estatal sistémica a una intensa y multifacética movilización de grupos de base a favor de la democracia y nuevos derechos en esta última década.